El Gobierno colombiano debe tomar medidas más decididas para proteger a los inversionistas y los consumidores de eventuales retrasos en la proyectada terminal de GNL en el Pacífico, proyecto valorado en US$700 millones, dijeron a BNamericas dos de las agrupaciones más importantes de la industria. La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía lanzó un proceso de licitación para la obra como parte de esfuerzos más amplios para evitar un futuro desabastecimiento de gas. Prevista para el puerto de Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca, la nueva infraestructura regasificará hasta 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) y almacenará 170.000 m3 de gas natural. Un ducto asociado conectará la terminal de importación con Yumbo, en la zona periférica norte de Cali. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del ministerio fijó abril de 2026 como plazo para terminar las obras de construcción, 58 meses después del anuncio del adjudicatario.

De acuerdo con Asoenergía, entidad que agrupa a grandes consumidores de energía y usuarios industriales y comerciales, se necesitan medidas adicionales para garantizar que no se cobre a los usuarios por la nueva infraestructura antes de que esté completamente terminada. "La UPME ha señalado que la entrada en operación del gasoducto podría tardar mínimo cinco años a partir del inicio de las obras, mientras que la terminal de regasificación podría estar lista antes", señaló la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca. "Por lo tanto, es necesario que la remuneración del proyecto inicie cuando el proyecto entre en operación en su totalidad, para no remunerar primero la terminal sin que el gasoducto esté finalizado", agregó.

Si bien se reconoce que la UPME ha permitido a los postores presentar opciones que mitiguen los riesgos, Asoenergía pidió pautas claras que permitan al operador despachar de inmediato el gas importado localmente en caso de que el gasoducto no esté: "En este sentido, es la demanda térmica que necesita respaldar su energía firme la llamada a responder en primer lugar por esta oferta", indicó, para luego advertir que compartir la responsabilidad entre todos los usuarios aumentaría los costos de transporte en más de 20%. En tanto, Fonseca señaló que la UPME debe tener cuidado al establecer criterios económicos y técnicos que garanticen los mejores intereses de los usuarios y no necesariamente de los inversionistas. “Es necesario evitar que pudiera suceder lo mismo que se presentó en el caso de la planta de Cartagena, en donde finalmente se escogió la alternativa FSRU por el plazo de evaluación y por la necesidad de entrada, cuando hubiera podido ser más eficiente para el mercado y el país un contrato más extenso o una planta onshore", añadió.

Tanto Andesco como Asoenergía aseguraron apoyar los planes de infraestructura de GNL en el Pacífico, dada la necesidad de reemplazar las menguantes reservas de gas. Según las proyecciones del Ministerio de Minas y Energía, la demanda nacional de gas se encamina a superar la oferta disponible hacia 2024.

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