La Reforma Tributaria que plantea el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia del Coronavirus contempla entre sus propuestas una modificación en la Ley 1819 de 2016 que establece el impuesto al carbono. Si bien el documento final de la Ley aún no ha sido publicado, las presentaciones y la información divulgada evidencian la intención de incluir al carbón dentro de los combustibles a gravar, hecho que ha generado una alerta en los gremios e instituciones del sector, al analizar los potenciales impactos negativos que la propuesta generaría en la tarifa de energía eléctrica y en la economía nacional.

Asoenergía, en conjunto con otros gremios del sector energético e industrial han mencionado la necesidad de lograr mecanismos que incentiven la reducción en las emisiones de carbono, pero manifiestan la preocupación por el impacto que tendría la iniciativa legislativa que busca incluir al carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono. Los gremios expresan que con esta medida se generaría un alza en el precio de los contratos bilaterales de energía del orden de 18 $/kWh, hecho que representaría un impacto sobre los consumidores finales de cerca de 1.3 billones de pesos al año. La pérdida de bienestar de los consumidores del servicio público se traduciría en una apropiación de rentas del orden de 1.1 billones de pesos al año por parte de agentes del mercado eléctrico que se terminarían beneficiando de la medida. El impacto para los usuarios residenciales podría representar entre el 4% y el 6% del valor de la factura de electricidad, mientras que para los usuarios industriales entre un 7% y un 12%. Las Asociaciones añaden que estos costos no se verían compensados con el recaudo esperado que espera recibir el Gobierno Nacional con dicha iniciativa; además, esta apuesta obligaría al ejecutivo a incrementar el gasto por concepto de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, a través del ya deficitario fondo de subsidios. La medida solo permitiría recaudar 250 mil millones de pesos, mientras que el efecto neto negativo para la sociedad sería del orden de 1.2 billones de pesos al año.

El tributo en cuestión representaría además un fuerte impacto para las industrias nacionales, pues sectores como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, además de verse afectadas por el incremento en sus tarifas eléctricas, generándoles una doble tributación, son estratégicas para la reactivación económica del país en el escenario postcovid, con lo cual, elevar sus costos de producción dificultaría su viabilidad empresarial, y en tanto, se afectará a los consumidores finales. Adicionalmente, el impacto en la pequeña minería nacional: la industria del carbón en el interior del país genera más de 35.000 empleos directos cuya producción abastece fundamentalmente el mercado local. Buena parte de ese empleo es formal y contributivo y se encuentra localizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Además, se trata de una industria con un fuerte encadenamiento tanto hacia adelante como hacia atrás, lo cual hace que los empleos indirectos que genera sean superiores a los 120.000.

Asoenergía, en conjunto con los demás gremios consideran que el principal problema de esta propuesta del gobierno es que grava al carbón y no a las emisiones de carbono, que son el problema en sí y el verdadero propósito de la Ley 1819 de 2016. En este contexto, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático y mitigación del impacto ambiental, es adecuado considerar que las prioridades de un país como Colombia están en crecer y brindar bienestar a su población, cosa que, en parte, está soportada en maximizar el uso de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales para asegurar la competitividad del país.